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Del gozo al pozo

Fernando Herrera.- Adalberto Palma Gómez será el próximo titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El nominado cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero público y privado, pues ha trabajado en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ya le preparan dientes

Ayer jueves Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, presentó un proyecto de decreto que buscaba eliminar un “alarmante y excesivo abuso” en el cobro de comisiones de los bancos.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), México ocupa el tercer lugar en América Latina en el cobro de comisiones por servicios bancarios. 30 por ciento de los ingresos de la banca en México provienen de estos pagos, un monto que en 2017 alcanzó los 108 mil millones de pesos, un crecimiento del 8 por ciento respecto a 2016.

La propuesta perseguiría modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito. La pura noticia de esta iniciativa desplomó en la bolsa las acciones de los bancos ayer.

Entre las operaciones que se buscaba que ya no pagáramos a los bancos, estaban: Por recibir pagos de clientes o usuarios de créditos otorgados por otras entidades financieras. Por consulta de saldo en ventanilla. Por depósito de cheque para abono en una cuenta, que sea devuelto o rechazado. Por consulta de saldo y retiro de efectivo en cajeros automáticos internos.

Por no facturar un monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta. Por reposición de plásticos bancarios, ya sea por robo o extravío. Por emisión del estado de cuenta adicional o por la impresión de movimientos. Por aclaraciones improcedentes de la cuenta del usuario derivados de movimientos o cargos no reconocidos. Por disposición de crédito en efectivo.

Por anualidades correspondientes a las tarjetas de crédito. Por solicitud de estados de cuenta anteriores, ya sea en sucursales o vía telefónica. Por transferencias de dinero a otros bancos, sin importar si la operación se realiza con éxito o no. Por adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseñas de uso único. Por mantenimiento de un saldo mínimo para evitar el cobro por el manejo de cuenta o membresía. Por cobro de cheques de caja, girado y certificado.

Pero el gozo se fue al pozo cuando se dieron cuenta del alcance de la iniciativa. Para empezar, el desplome de las acciones bancarias alarmó a toda la industria financiera y bancaria, de ahí que se mandó la pretendida iniciativa a comisiones para escuchar la opinión de todos.La reversa también es cambio. Sabemos que los bancos abusan y que la iniciativa era como un sueño guajiro que solamente duró unas horas, así que alístense para que los banqueros impongan su criterio y a seguir cobrando.

Aún así, para algunos, amanecimos de buenas.

La senadora Olga Sánchez Cordero presentó ayer jueves la iniciativa que expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. Su esencia es la regulación del cannabis en su siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización.

La iniciativa propone crear el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis que otorgaría licencias hasta por cinco años para llevar a cabo las actividades ya descritas. Para el autoconsumo se permitiría sembrar solo lo necesario para cosechar hasta 480 gramos de marihuana al año, siempre y cuando las plantas estén registradas en un padrón anónimo.

Se permitirá fumar marihuana en la calle, es decir, espacios públicos, a excepción de los espacios 100% libres de humo de tabaco. La marihuana se venderá en establecimientos, los cuales solo podrán vender la planta y sus derivados. Para comprar deberás demostrar que eres mayor de edad. La venta de la marihuana y sus derivados en farmacias será con receta médica.

Se incluye un programa para liberar a presos que estén recluidos por causas como las que se exponen en la iniciativa.

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