LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Valeria Villalobos*.-  A partir de la reforma al Código Fiscal Federal, se estableció una nueva obligación para ciertos contribuyentes consistente en llevar sus registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresarlos de forma mensual a través del buzón tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la controversial y temida obligación de presentar la contabilidad electrónica. 

Ante dicha obligación, miles de contribuyentes a lo largo del país han expresado su inconformidad, por lo que se ha vuelto un tema controvertido y con justa razón, pues con esta nueva disposición la autoridad ha violentado varios derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna. 

La seguridad jurídica de los contribuyentes es uno de ellos, en el entendido de que la obligación de subir la contabilidad electrónica en forma periódica no se deriva precisamente de una petición previa al contribuyente emitida por la autoridad competente que funde y motive el acto, por lo que se ven afectados los derechos constitucionales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. 

Otro de los argumentos fuertes de su inconstitucionalidad es que a la fecha, la autoridad no ha garantizado por ningún medio que la información de los contribuyentes será protegida y no difundida, por lo que se ve vulnerado el derecho a la protección de datos confidenciales. 

La contabilidad electrónica además de datos contables contiene información financiera e información industrial o comercial de trato especial y restringido, por lo que es más que lógico y comprensible el temor a que la misma llegue a caer en manos de los competidores o inclusive de la delincuencia organizada, lo cual no debería de sorprendernos en virtud de los graves problemas de corrupción que enfrenta nuestro país. 

Tras dicho temor e inconformidad se han presentado alrededor de 34 mil demandas de amparo por parte de los contribuyentes en contra de la obligación de subir la contabilidad electrónica; sin embargo, la autoridad insiste en que la obligación de subir dicha contabilidad no representa una “carga desmedida ni injustificada para los contribuyentes”. 

Prueba de dicha postura es que el pasado 30 de marzo del año en curso, Aristóteles Núñez, jefe del SAT, extendió para Milenio, un exhorto a todos aquellos contribuyentes para que se desistan de sus respectivos procedimientos de amparo. 

Ante el inminente debate, se ha depositado la última decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el pasado 6 de mayo determinó desafortunadamente que no procede conceder la suspensión definitiva a los juicios de amparo en contra del cumplimiento de dicha obligación. 

Aunque el panorama no pinta favorable al día de hoy, no hay que desanimarse pues la moneda sigue en el aire y en tanto los amparos presentados no queden resueltos de fondo, existe la posibilidad de que muchos contribuyentes sean excusados de presentar dicha contabilidad. 

En tanto esto no suceda, es menester recomendar no fiarse del resultado del amparo y prepararse con los medios electrónicos necesarios y conducentes para presentar periódicamente la contabilidad electrónica y que la autoridad no los encuadre en incumplimiento. 

* IMEF Universitario