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Peña Nieto y la Conago aliados en la corrupción

Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca*.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, notoriamente fatigado y bajo el esquema del discurso acostumbrado en base a diseños políticos ineficaces, se reunió con los gobernadores de los estados, que integran la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), bajo la presión ejercida por periodistas que exigen el esclarecimiento del crimen de su compañero Javier Valdez.

A pocos días del asesinato en Culiacán, el mandatario de la nación los citó en la Residencia Oficial de Los Pinos para establecer acuerdos conjuntos en relación con los crímenes de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Dijo “Nosotros los gobernadores hemos tomado también ese acuerdo de tener protocolos necesarios y que los periodistas se sientan tranquilos, aquí es un tema de hacer que ellos tengan la certeza de que harán su trabajo y que el Estado mexicano hará su trabajo”.

Y es que dichas frases de sentimiento político clasificado tal como hipócrita, se fundamenta en que la corrupción sigue colapsando al sistema. Pues antes de establecer protocolos para que los periodistas se sientan “tranquilos”, urge tranquilizar primero a todas las familias mexicanas, victimizadas por la desaparición forzada de personas, trata de personas, feminicidios, secuestros, ejecuciones, extorsiones y el sinfín de delitos que existen en materia penal.

¿Cómo tener certeza ante la incertidumbre que rebasa la seguridad pública? ¿Cómo garantizar el debido desempeño de las autoridades representadas por gobernadores que están bajo la mira como corruptos? El Estado mexicano desde hace décadas dejó de representar los intereses de la nación. El presidente y su gabinete representan a intereses de particulares que se han adueñado de gran parte del territorio, sus riquezas naturales y hasta las licitaciones disfrazadas de legalidad.

Acordaron tres para garantizar la seguridad y la libertad de expresión de los periodistas. Primero, fortalecer estructura y presupuesto del Mecanismo de protección que supuestamente ya existe. Segundo, crear un esquema de coordinación con los estados y un protocolo de operación para enfrentar situaciones de riesgo que estará a cargo del mismo mecanismo de protección federal. Tercero, se “fortalecerá” la Fiscalía Especial con más personal y mejor capacitación a ministerios públicos, policías y peritos. Mecanismos de contacto y diálogo para impulsar confianza y colaboración. Revisión de investigaciones en proceso y combate a la impunidad; coordinación y apoyo para que los estados puedan crear sus fiscalías especializadas.

Es imposible cumplir cuando se carece de todo lo ofrecido. Lo primero es la dignidad humana que ya se perdió en la función pública. La corrupción impide impulsar la confianza y colaboración. Las investigaciones y el combate a la impunidad son la distinción principal de la incapacidad judicial. No puede haber coordinación en los gobiernos estatales que han sido señalados como ejecutores del periodismo. Como Miguel Ángel Mancera que se destaca por la cacería policíaca contra la libertad de expresión. O como su tocayo Miguel Ángel Yunes, el veracruzano al que su antecesor le dejó una lista de veinte periodistas asesinados y uno más en su reciente administración. Todos sin resolver, en la impunidad.

También a través de los años, ha quedado demostrado que las fiscalías especializadas se han creado con fines políticos para contener las reclamaciones sociales. Ni siquiera la del crimen de Colosio dio resultado. Solamente aumenta el gasto público innecesario, al contratar personal y funcionarios que son parte de la corrupción. Pues es sabido que los periodistas no solamente han sido víctimas del crimen organizado, sino también se consideran a nivel internacional como crímenes de estado. Además de que la administración de la justicia mediante los tribunales previamente establecidos, es insuficiente para atender la alta demanda criminal que los ha colapsado.

En la reunión se encontraba el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, quien admitió que “hay una deuda importante con el gremio periodístico”, pero se quedó corto. Más bien existe una deuda importante con todo México. Ellos están convencidos de que el combate a la impunidad es el camino adecuado para lograr y prevenir nuevos ataques y agresiones a los periodistas. Nosotros también. Pero para lograrlo necesitan tener valores humanistas, tener conciencia social y moral, además de transparencia en la acción pública. La corrupción impide que se imponga la justicia.

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* Especialista en Gestión de Conflictos y Mediación