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La costumbre de la corrupción

Héctor Molinar*.- La corrupción definida como el abuso del poder encomendado para beneficio personal, como un fenómeno nocivo, vasto, diverso y global cuyos agentes pertenecen tanto al sector público como a las empresas privadas, que incluye el ofrecimiento y la recepción de sobornos, independientemente del saqueo del Estado, conforme a la descripción que proporciona la organización no gubernamental Transparencia Internacional; clarifica nuestra mente para analizar los últimos acontecimiento sobre este tema.

Para ello, es necesario considerar que en nuestro país sigue aumentando el nivel de corrupción, en lugar de disminuir, según lo mide el “Índice de Percepción de la Corrupción”, anticipando que las medidas anticorrupción que adoptó México en el último año, no fueron suficientes para elevar la posición del país, sino todo lo contrario. Esto corrobora además la sospecha fundada de la gran mayoría de los mexicanos que desconfiamos del sistema de gobierno, que involucra tanto al sector público, como al sector privado.

La costumbre es una forma inicial del Derecho consuetudinario, que consiste en la repetición constante de un acto positivo que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria como una necesidad colectiva, llegando a convertirse en ley. La costumbre de la corrupción, es una práctica negativa, vive del tráfico de influencias, involucrando a gobernantes, empresarios, funcionarios prestanombres, lavadores de dinero y el abuso del poder. La corrupción en México es tan eficiente que se convirtió en costumbre. 

Las denuncias y órdenes de aprehensión, que involucran a personajes famosos de la política nacional, se acomodan para el mejor aprovechamiento de los propios políticos involucrados. Las denuncias no necesariamente son procedentes, pero es una forma de que los gobernados sientan la satisfacción de que la “justicia avanza”. El Poder Judicial funciona a satisfacción del gobernante en turno. Es indudable que la corrupción definida como tal, causa graves perjuicios en la sociedad.

Relacionando este análisis con la denuncia que presentó el presidente municipal de Juárez, Armando Cabada, en contra del ex presidente municipal Javier González Mocken y otros veinticinco funcionarios de su administración, por daños al patrimonio municipal por más de 92 millones de pesos, por un contrato de alumbrado público que no se cumplió debidamente, tanto por su mal manejo y supervisión de la obra -según informó el propio Cabada a los medios-; denota contradicción respecto a la delicada misión de gobernar conforme a las atribuciones que le concede la ley y no por la mala costumbre.

Da la impresión de que en este caso en particular, se pretende justificar un nuevo endeudamiento para los juarenses de 1,500 millones de pesos, por iniciativa del presidente municipal Armando Cabada, quien como los anteriores políticos promete que este proyecto de privatizar y licitar a una empresa determinada, es la mejor opción. Utilizó los mismos elementos de corrupción de acuerdo a la costumbre, de que el Cabildo lo aprobara bajo débiles argumentos sin sustento y sin conocimiento a fondo. Los regidores “independientes”, que el propio presidente eligió en su planilla que lo llevó al triunfo electoral, votaron en su favor como lo hacían los priístas. Y sin faltar el “comodín Verde”.

Los convenios celebrados por el Municipio de Juárez no son a título personal del presidente en turno, sino como representante legal. De tal manera, que aunque el presidente actual es independiente, no lo faculta para tomar decisiones independientes, sino apegadas a Derecho. Debe dar continuidad a los compromisos pactados, bajo el esquema establecido por el procedimiento establecido en cuanto a las garantías y fianzas, incumplimiento, vicios, error y dolo, que propician en todo caso la investigación a que alude en su querella, pero no antes de haber agotado la instancia civil respectiva.

El nuevo plan aprobado, comprende el endeudamiento del ayuntamiento por 15 años, derivados del DAP (Derecho de Alumbrado Público), que consiste en el 5% que pagamos los usuarios como base del consumo de energía eléctrica en todos los recibos de la CFE. Es considerado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque invade la esfera de la federación y es procedente el amparo para obligar a que lo devuelva el municipio. Lo incongruente es que los regidores se apoyen en un ordenamiento que es inconstitucional que no garantiza certeza jurídica pero que saben levantar el dedo. Ya es una costumbre de la corrupción.

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* Especialista en Gestión de Conflictos y Mediación