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Cárcel a quienes provocaron abandono de miles de casas: María Antonieta Pérez

Mientras recorre el fraccionamiento Valle de Allende, un conjunto habitacional ubicado al sur de Ciudad Juárez, en una zona desértica en medio de la nada, donde miles de viviendas fueron abandonadas por sus propietarios y cientos recuperadas en forma irregular por familias necesitadas de un hogar, la activista María Antonieta Pérez Reyes apunta a las causas que provocaron el desorden urbano y los problemas sociales que hoy deben resolverse.

“Debe haber responsabilidad penal para regidores, funcionarios y alcaldes que permitieron y avalaron desarrollos como este, que resultaron ser un fraude en perjuicio de miles de familias que perdieron su patrimonio, a las que no se les dio oportunidad de realizar un juicio justo para defenderse de esta injusticia”, señala Pérez Reyes.

Apunta que el problema fue el lugar donde fueron construidos los fraccionamientos, en terrenos alejados de la mancha urbana que pertenecían a ejidos que, al ser liberados, fueron elegidos por los desarrolladores de vivienda para hacer negocios y sacar grandes utilidades sin importar las condiciones en las que las familias vivirían.

“Se pusieron a la venta miles de metros cuadrados de terreno para construcción de vivienda sin que cumplieran con los requisitos de integración a la mancha urbana de la ciudad, sumado al abandono por parte de las autoridades que se vieron imposibilitadas de llevar a lugares tan remotos servicios como la seguridad, recolección de basura, escuelas y el transporte. Por eso está hoy la Ciudad Universitaria en medio de la nada y cientos de miles de viviendas abandonadas”, indicó.

Otro factor fue que se le restó autoridad en materia de contención y planeación urbana de la ciudad al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Comentó que el IMIP se creó para cuidar la armonía del desarrollo de la ciudad, de su crecimiento, pero desafortunadamente los intereses económicos hicieron que el interés mayor, que era el bienestar de la comunidad, sucumbiera ante el poder de los desarrolladores de vivienda. 

“No hubo un contrapeso a esas decisiones, los alcaldes vendieron bien los permisos para uso de suelo en donde los afectados no fueron ellos ni los regidores ni las constructoras, fueron los ciudadanos que se quedaron sin vivienda, perdieron patrimonio, perdieron créditos y, bueno, hoy se nos devuelve como boomerang el problema a la ciudad”, indicó Pérez Reyes.

La mayor parte de la vivienda deshabitada o abandonada se encuentra en el suroriente del municipio, dijo.

Se trata de casas que al quedar solas fueron vandalizadas y desmanteladas por ladrones que sustrajeron puertas, ventanas, tuberías, alambrado de cobre y todo lo que pudieran malbaratar.

Muchas de las casas abandonadas fueron ocupadas en un principio por malvivientes, asaltantes, vendedores de drogas que las utilizaron de guarida, mientras que otras fueron convertidas en tiraderos de basura, con los problemas sociales que conlleva para las familias que decidieron permanecer en estos lugares o aquellas que regresaron para invadirlas ilegalmente y tener un lugar donde vivir.

El problema está presente en el fraccionamiento Valle de Allende, pero también en Riberas del Bravo y muchos más, señala María Antonieta Pérez Reyes.

“Los gobernantes no le han dado la mínima importancia a este sector y sigue abandonado. A mí me interesa poder colaborar desde cualquier trinchera, cualquier esquema para que este problema se pueda resolver de alguna forma”, añade la activista.

Indica que las autoridades que permitieron este tipo de desarrollos a sabiendas que los terrenos no eran habitables por encontrarse en medio del desierto, en zonas inundables e inseguras, tienen una responsabilidad histórica y deben responder por ello.

“Yo no descartaría el promover responsabilidad penal por desarrollos como este, que derivan en fraude, ¿por qué no fincar responsabilidad penal a regidores y alcaldes que incurrieron en estas anomalías y evitar así que lo vuelvan a hacer”, dijo.

EN LA INDEFENSION TRABAJADORES ABANDONARON CASAS

Mientras recorre decenas de fraccionamientos en los que hay cientos de casas abandonadas, María Antonieta Pérez Reyes explica que las familias que adquirieron las viviendas originalmente y que posteriormente se vieron obligadas a abandonarlas, no tuvieron ninguna oportunidad para reclamar que les vendieron casas en lugares inhabitables y sin servicios públicos.

“¿Por qué estas personas no pueden tener el derecho a reclamar la comisión de un delito en contra de su patrimonio? ¿Por qué tienen que enfrentar procesos de demanda cuando ellos son ajenos a quienes construyeron en lugares no aptos? ¿Por qué no tuvieron acceso a demandar a los responsables?”, cuestiona.

Asegura que un funcionario público sabe qué condiciones se deben cumplir para cualquier desarrollo de vivienda y, solo si se cumple, lo autoriza. Pero es claro, agrega, que en estos casos hubo violaciones flagrantes y debe fincarse responsabilidad penal a quienes autorizaron esos fraccionamientos por el daño económico que generaron en miles de familias, que el delito no prescriba hasta que se repare el daño.

En las últimas décadas, el Cabildo de Juárez no sirvió de contención porque se prestó a intereses muy identificados, a negocios disfrazados de interés social, sin importar el problema que dejaban a las familias y a la sociedad, mientras que los presidentes y funcionarios que permitieron y avalaron el desorden urbano, se fueron tranquilamente, agregó.

“Esta construcción se expandió entre el 2006, 2009 y 2012, desafortunadamente hay que señalarlo, quienes otorgaron los permisos de construcción para que se hicieran desarrollos habitacionales en estas zonas, se fueron y deben de tener, al menos, un peso de responsabilidad histórica”, concluyó.

DE VERACRUZ A OCUPAR UNA CASA ABANDONADA EN JUAREZ

Para tomar el transporte y dirigirse de su casa al trabajo, Brenda Calles Cordero tiene que caminar antes del amanecer más de 600 metros y atravesar un terreno baldío convertido en tiradero de basura para llegar a una carretera que también es utilizada por estudiantes universitarios y de preparatoria para ir de la mancha urbana hasta la Ciudad Universitaria.

“Los transportes de la empresa para la que trabajo no entran aquí y nos dejan de aquel lado de la carretera”, dice Brenda.

Atrás deja solos a sus dos hijos pequeños y a su esposo en la casa que invadió hace seis meses y que encontró en calidad de tapia, sin ventanas ni puertas.

Ella es originaria de Veracruz, llegó a Ciudad Juárez hace seis meses, pero hace 10 años ya había vivido en la ciudad a la que llegó a trabajar en la industria maquiladora.

En aquel entonces, abandonó Juárez por la violencia y falta de empleo, pero retornó hace un semestre buscando nuevamente un trabajo y porque dice que las condiciones aquí son mejores que en Veracruz, aun en la situación en la que se encuentra actualmente esta frontera.

“Somos personas trabajadoras, tenemos dos hijos. Cuando yo entré aquí, la casa no tenía puertas ni ventanas, faltaba el cableado de la electricidad y el drenaje estaba desecho. Nos acomodamos y después llegó el dueño de la casa a decirnos que él estaba pagando la propiedad y nos dijo también ¿qué hacemos?, apuntó. 

“Nosotros estamos en la mejor disposición de tener un patrimonio para nuestras familias y ya llegamos a un acuerdo con la persona que se identifica como propietario de la casa, quien está dispuesto a ayudarles para regularizar la propiedad del inmueble”, señala Brenda al momento de entrevistarse con María Antonieta Pérez, a quien le pide ayuda para alcanzar ese fin y que la casa finalmente pueda ser de ellos legalmente.

“Yo quiero hacerme cargo de esta casa porque no tenemos a donde ir; él dueño me dijo que la iba a regresar, pero le insistimos en que se la compramos y aceptó”, añade.

Juárez Hoy

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